SIMEBAL

Otro fallo reitera que agredir a un médico es delito de atentado

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Lunes, 6-marzo-2006
HOSPITAL CAN MISSES

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado que la agresión a un médico constituye un delito de atentado a una autoridad pública. El fallo confirma la condena impuesta por un juzgado penal de Ibiza a un paciente que agredió a un médico por oponerse a expedir recetas.

Ya son dos audiencias provinciales -la primera, de Jaén (ver DM del 14-III-05)- que consideran que la agresión a un médico del Sistema Nacional de Salud constituye delito de atentado. La segunda resolución se ha dictado por la Audiencia Provincial de Baleares.

La sentencia del tribunal balear ha confirmado en parte la condena que un juzgado penal de Ibiza impuso a un paciente por la comisión de un delito de atentado -con un año y tres meses de prisión e inhabilitación especial-, un delito de lesiones -con nueve meses de prisión-, una falta de lesiones y una de daños (ver DM del 5-IX-05).

Los hechos tuvieron lugar en marzo de 2004 cuando el paciente, que no estaba de acuerdo con el facultativo sobre la medicación prescrita por el médico, entró en la consulta, le insultó y le propinó un puñetazo en el ojo izquierdo al tiempo que le llamaba "funcionario cabrón".

Tras el golpe, el facultativo cayó al suelo, lo que aprovechó el paciente para continuar dándole patadas y puñetazos en la cabeza y las costillas. El enfermo no sólo agredió al médico sino también a una de las personas que entró en la consulta para ayudar al facultativo.

Los magistrados de la Audiencia de Baleares, que han acogido los argumentos de Eva Ramos, de la asesoría jurídica del Hospital Can Misses, avala la calificación de los hechos como un delito de atentado, ya que ha quedado probado que el acusado "acudió a la consulta del médico de la Seguridad Social y le agredió porque dicho funcionario no le expedía a su favor las recetas y tenía los medicamentos que el enfermo requería". Por consiguiente, el fallo sostiene que "es claro que el enfermo conocía la condición de servidor público del agredido y que su conducta iba directamente encaminada a menoscabar la autoridad del médico que debía dispensarle las recetas".

El juez lo califica
Es más, el fallo aclara que la asunción de estos de hechos como un delito de atentado no queda desvirtuada porque no se calificasen así en los atestados judiciales o de la policía, ya que, según el fallo, "los interrogatorios versan sobre hechos denunciados y no sobre calificaciones jurídicas, que corresponden al ministerio fiscal".

Lo que sí hacen los magistrados del tribunal balear es revocar la condena por el delito de lesiones que el juzgado impuso en primera instancia. La razón es que, según el fallo, "los hechos deben calificarse de menor gravedad, porque el acusado tan sólo se sirvió de sus propios medios (sin uso de armas o instrumentos) para producir la agresión, y dado el limitado alcance de las heridas resultantes en la persona de la víctima".

Por último, la audiencia no admite los alegatos de reducción de condena por la concurrencia de causas eximentes o atenuantes de la responsabilidad. El fallo aclara que las circunstancias atenuantes exigen, entre otros requisitos, "la existencia de estímulos potencialmente capaces de producir anomalías psíquicas en el sujeto activo [...] y que el origen estimulante proceda de la víctima", lo que no concurre en el caso analizado.

Una postura unánime
El incremento de las agresiones contra los profesionales sanitarios en Andalucía ha llevado a la Junta Provincial de Fiscales de Córdoba a solicitar que estos actos sean considerados como delito de atentado contra un funcionario público. La medida acordada por esta autoridad ha sido secundada por el Sindicato Médico de Córdoba, que muestra su satisfacción por esa decisión. "Es un paso más hacia la defensa de los profesionales sanitarios y con ello se realiza una importante medida de disuasión-prevención, ya que los futuros delincuentes saben de antemano que no les va a salir tan barato el agredir a cualquier profesional". La consideración de estos actos como delitos de atentado conlleva un aumento de las sanciones, lo que, según Antonio Hidalgo, subdirector del Instituto de Medicina Legal de Albacete, "el efecto disuasorio aumentará". Además, el experto considera que es necesario promover un protocolo de actuación coordinada entre los ciudadanos, los médicos y la justicia (ver DM del 27-II-06).

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