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CASO OSAKIZDETZA: ABUSO DE NOMBRAMIENTOS EVENTUALES: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA UE

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Martes, 20-septiembre-2016
General

El TJUE en fecha 14-9-2016 ha dictado tres sentencias sobre el abuso de los nombramientos eventuales en la administración pública, dos referidos a personal estatutario y otra referida a trabajador interino-laboral de Defensa que pedía ser indemnizado por el despìdo .  Más abajo hemos comentado ya la sentencia referida a un estatutario eventual del Servicio Madrileño de Salud, ahora comentamos la referida al estatutario del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza).

La recurrente era una estatutaria del Servicio Vasco de Salud que tenía un nombramiento temporal eventual que fue objeto de 13 prórrogas, ninguna de las cuales se justificaba con una motivación especifica, sino con el consabido estribillo de las “necesidades del servicio”, sin detallar cuales. Al ser cesada interpuso recurso contencioso ante el Juzgado que desestimó la demanda por lo que apeló al Tribunal Superior de Justicia Vasco, el cual planteó para poder resolver el asunto varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia Europeo.

El TSJ le pide al TJCE que le conteste a lo siguiente:

1)      La cláusula 5, apartado 1, del [Acuerdo Marco] ¿debe ser interpretada en el sentido de que se opone a una legislación nacional que, en los supuestos de abusos como consecuencia de la utilización de contratos de trabajo de duración determinada, no reconoce con carácter general, en el caso del personal estatutario temporal eventual [(asunto C‑184/15) y los funcionarios interinos (asunto C‑197/15)] y a diferencia de lo que ocurre en idéntica situación para los contratados laborales por la Administración, el derecho al mantenimiento del vínculo como indefinidos no fijos, es decir, con derecho a ocupar la plaza desempeñada temporalmente hasta su cobertura en forma reglamentaría o su amortización por los procedimientos legalmente establecidos?

2)      En el caso de responderse negativamente la cuestión anterior, ¿el principio de equivalencia debe ser interpretado en el sentido de que el [j]uez nacional puede considerar que ambas situaciones, la del contratado laboral por tiempo determinado por la Administración y la del personal estatutario temporal eventual [(asunto C‑184/15) y la del funcionario interino (asunto C‑197/15)], son similares cuando se produce un abuso en la utilización de contratos de trabajo de duración determinada o bien, aparte de la identidad del empleador, la identidad o similitud de los servicios prestados y la duración determinada del contrato de trabajo, el [j]uez nacional debe considerar otros elementos al efectuar el juicio de similitud, tales como, por ejemplo, la naturaleza específica de la relación laboral o funcionarial del empleado o la potestad de la Administración para autoorganizarse, que justifican un tratamiento diferenciado de ambas situaciones?

3)      En el caso de contestarse negativamente las cuestiones anteriores, ¿el principio de efectividad debe ser interpretado en el sentido de que debe debatirse y declararse la sanción procedente en el seno del mismo procedimiento en que se constata la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada, mediante el correspondiente incidente en el que las partes puedan solicitar, alegar y probar lo que consideren oportuno al [efecto], o, por el contrario, es compatible con la remisión al perjudicado, a tal fin, a un nuevo procedimiento administrativo y, en su caso, judicial?»

EL Tribunal de Justicia de la UE dice que en España  no existe, en el ámbito del empleado publico estatutario o funcionario (no trabajador laboral) que esté  regido por el derecho administrativo  ninguna medida efectiva para evitar y sancionar los nombramientos temporales abusivos, en este caso la concatenación de nombramientos eventuales de duración determinada, al contrario de lo que ocurre en el ámbito laboral en donde se ha hilvanado por la jurisprudencia española la figura del trabajador laboral (no estatutario ni funcionario) indefinido no fijo, figura aplicable también en el ámbito del empleado publico con contrato laboral (no estatutario ni funcionario).

El TJCE dice que al no haber medida normativa que corrija los abusos en el nombramiento de temporales estatutarios o funcionarios, le corresponde a los tribunales españoles  garantizar la observancia de la clausula 5ª apartado 1 del Acuerdo Marco: velando por que, con la esperanza de seguir empleados en el futuro en el sector público, los trabajadores con los que se hayan celebrado de manera abusiva contratos laborales de duración determinada no se vean disuadidos de hacer valer ante las autoridades nacionales, incluidas las jurisdiccionales, los derechos que se desprenden de la aplicación por parte de la normativa nacional de todas las medidas preventivas establecidas en la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco.

Más concretamente, el tribunal nacional debe cerciorarse de que todos los trabajadores con contratos «de duración determinada» en el sentido de la cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo marco puedan conseguir que se apliquen a su empleador las sanciones previstas por la normativa nacional cuando han sufrido abusos a consecuencia de la utilización de sucesivos contratos, y ello independientemente de la calificación de su contrato en Derecho interno.

La sentencia dice algo muy importante, si bien no es taxativa:

En la medida en que en los litigios principales no existe ninguna medida equivalente y eficaz de protección respecto del personal que presta servicios en las Administraciones públicas en régimen de Derecho administrativo, la asimilación de dicho personal con relaciones de servicio de duración determinada a los trabajadores indefinidos no fijos, con arreglo a la jurisprudencia nacional existente, podría ser una medida apta para sancionar la utilización abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada y eliminar las consecuencias de la infracción de lo dispuesto en el Acuerdo marco.

El fallo del TJCE dice:

1)      La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, sea aplicada por los tribunales del Estado miembro de que se trate de tal modo que, en el supuesto de utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada, se concede a las personas que han celebrado un contrato de trabajo con la Administración un derecho al mantenimiento de la relación laboral, mientras que, con carácter general, no se reconoce este derecho al personal que presta servicios para dicha Administración en régimen de Derecho administrativo, a menos que exista una medida eficaz en el ordenamiento jurídico nacional para sancionar los abusos cometidos respecto de dicho personal, lo que incumbe al juez nacional comprobar.

Habrá que esperar a ver que nos enseña la sentencia que dicte el TSJ Vasco a la vista de la contestación a sus preguntas (cuestiones prejudiciales) la recomendación (“podría ser”) de asimilar a los eventuales estatutarios a los indefinidos no fijos cuando su contratación es abusiva o en fraude de ley.

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