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SIMEBAL PEDIRÁ AL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE ACTUE CONTRA LA LEY QUE MODIFICA LA EXENCIÓN DE GUARDIAS A LOS 55 AÑOS

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Miércoles, 11-enero-2017
General

Dado que procesalmente no podemos impugnar directamente ante los tribunales una norma con rango de ley, como son los presupuestos de la CAIB para el año 2017, vamos a presentar al Defensor del Pueblo esta solicitud:

 

                                                                             AL DEFENSOR DEL PUEBLO

                                                          

 

 MIGUEL LÁZARO FERRERUELA,  con DNI nº              , obrando en nombre y representación de la organización sindical de trabajadores “SINDICATO MÉDICO DE BALEARS” (en anagrama SIMEBAL), con NIF nº          ,  representación que ostento estatutariamente en virtud de desempeñar el cargo de Presidente de la misma, según acredito mediante certificación adjunta,  con domicilio a efectos de notificaciones derivadas del presente recurso en calle Santiago Rusiñol nº 8, entresuelo izquierda, de Palma de Mallorca  (C.P. 07012); ante el Defensor del Pueblo comparezco y como mejor proceda DIGO:

 

Que en ejercicio del derecho que reconoce el art. 10.1 de la Ley Orgánica 3/1981, cuyo tenor es: “Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna“, mediante el presente escrito formulo en la representación que ostento, SOLICITUD al Defensor del Pueblo de interposición de recurso de inconstitucionalidad, previsto en el artículo 31 y 32.1.c) de la Ley Orgánica 2/1979, contra la disposición adicional decimotercera de la Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2017; solicitud que se basa en los siguientes:

 

                                                               MOTIVOS

 

PRIMERO.- En el BOE del día 13-12-1997 se publicó el Pacto sobre exención de guardias a los facultativos mayores de cincuenta y cinco años. (DOCUMENTO Nº 1)

Dicho Pacto continuaba íntegramente en vigor en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en virtud de lo previsto en la disposición derogatoria única punto 2 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los servicios de salud: “2.- La entrada en vigor de esta Ley no supondrá la modificación o derogación de los pactos y acuerdos vigentes en aquellos aspectos que no se opongan  o contradigan lo establecido en la misma.

SEGUNDO.- En el BOIB del día 31-12-2016 se publicó la  Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2017 en cuya disposición adicional decimotercera se  dispone:

“Disposición adicional decimotercera

Régimen de la exención de guardias del personal estatutario sanitario de atención especializada del subgrupo A1 mayor de 55 años

1. Tendrá derecho a la exención de guardias por motivos de edad, con la eventual participación voluntaria en módulos de actividad adicional, el personal estatutario sanitario del subgrupo A1 de atención especializada, mayor de 55 años, que a la entrada en vigor de esta ley esté realizando guardias o que haya sido eximido de su realización en un periodo no superior a dos años.

2. La solicitud de realización de módulos de actividad adicional sólo será estimada cuando existan necesidades asistenciales que lo justifiquen, sin perjuicio del derecho a la exención de guardias.

3. La programación de los módulos de actividad adicional, que en ningún caso constituirá un derecho, tendrá carácter anual, distribuyéndose de acuerdo con las necesidades asistenciales, y consistirá, preferentemente, en la realización de actividad asistencial ordinaria.

4. El personal que opte por este sistema realizará, cuando su solicitud sea aceptada, un mínimo de uno y un máximo de tres módulos de actividad al mes. El órgano competente deberá planificar módulos de actividad efectiva de cuatro horas. La realización de estos módulos será voluntaria y no eximirá a los profesionales de realizar su actividad ordinaria al día siguiente.

5. Las cuantías que corresponde abonar por la realización de módulos de actividad adicional se abonarán a través del complemento de atención continuada. Cada módulo equivaldrá a 12 horas de guardia de presencia física.

6. La programación, el número, la duración y la retribución de los módulos de actividad adicional de los profesionales que hayan sido eximidos de la realización de guardias con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, en virtud del Pacto celebrado el 23 de julio de 1997 entre la administración sanitaria y las organizaciones sindicales (BOE núm. 298, de 13 de diciembre de 1997), se adaptarán a lo establecido en esta disposición adicional.

7. El procedimiento de solicitud y reconocimiento de exenciones de guardias se regirá por lo que prevé el mencionado pacto de 23 de julio de 1997.

TERCERO.- Dicha disposición modifica radicalmente el Pacto Sindical de 23 de julio de 1997, convirtiendo lo que constituía un derecho, en una mera posibilidad supeditada a las “necesidades asistenciales”, convirtiendo un derecho indefinido en una posibilidad que debe renovarse anualmente, etc.

CUARTO.- Esta modificación de un Pacto sindical sobre unas condiciones de trabajo, tal como se reconoce en el mismo, se ha operado sin ninguna negociación sindical en la Mesa Sectorial de Sanidad, ni en ningún otro foro negociador, con violación del derecho constitucional a la negociación colectiva, proclamado en el artículo 37.1 de la C.E..

QUINTO.- Además de lo anterior se ha violado el artículo el artículo 135 de la Ley Orgánica 1/2007, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, sobre el contenido de las leyes anuales de presupuestos, puesto en relación con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el límite del contenido de las leyes de presupuestos generales del Estado contenido en el art. 134, apartados 2 y 7  de la CE.

No pueden regularse estas condiciones de trabajo, completamente ajenas a la materia presupuestaria a regular en las leyes de de presupuestos, y mucho menos violando el derecho constitucional a la negociación colectiva. La materia regulada legalmente en esta disposición no guarda la menor relación con las previsiones de ingresos y gastos, por lo que no resulta justificada su inclusión en esta norma presupuestaria.

Entendemos que no es legítimo utilizar las leyes presupuestarias anuales como vehículo de legislación ordinaria para innovar o modificar el ordenamiento jurídico, ni mucho menos para modificar unilateramente los pactos sindicales vigentes sin la menor negociación, y si lo hacen, convirtiéndolas en un totum revolutum, cual ley ómnibus, se traspasan los límites materiales establecidos para las leyes presupuestarias anuales en  el Estatuto de Autonomía, referidos  al contenido normativo  posible de una Ley de Presupuestos dentro de un sistema de normas basado en el respeto a la codificación del Derecho y al valor de la seguridad jurídica.

 Estas normas presupuestarias tienen un contenido específico constitucionalmente determinado en la CE en el caso de los del Estado y en los Estatutos de Autonomía en el caso de los comunitarios;  Esta Ley balear 18/2016 es de efecto esencialmente temporal y constituye, al mismo tiempo, el vehículo de la dirección y orientación de la política económica que corresponde al Gobierno. Contenido que debe delimitarse partiendo del dato normativo estatutario (interpretación del TC sobre los límites impuestos en el art. 134 CE a los PGE, doctrina que entendemos en este caso aplicable a los límites del art. 135 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears)  de la específica función que caracteriza a la leyes de presupuestos, tanto del Estado como de las CC.AA.

Las leyes de presupuestos de la CAIB deben ceñirse a lo previsto en el art. 135 de su Estatuto:

“Artículo 135. El presupuesto.

1. El presupuesto general de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene carácter anual, es único y constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de todos los gastos y de todos los ingresos de las instituciones, los organismos, las entidades y las empresas que constituyen el sector público autonómico.

2. Corresponde al Gobierno de las Illes Balears elaborar y ejecutar el presupuesto, y al Parlamento examinarlo, enmendarlo, aprobarlo y controlarlo, sin perjuicio del control que corresponda a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.

3. La tramitación parlamentaria del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se llevará a cabo con las especialidades previstas en el Reglamento del Parlamento de las Illes Balears.”

 

Por lo cual,

 

 SOLICITO AL DEFENSOR DEL PUEBLO: que  teniendo por presentado este  escrito, tenga por solicitada la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional decimotercera de la Ley 18/2016, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

 

En Palma, a  doce de enero de dos mil diecisiete.

 

Fdo.: Miguel Lázaro Ferreruela

PRESIDENTE SIMEBAL

 

 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO.-

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